El Consejo de Ministros ha aprobado una
serie de medidas para abaratar los costes de la educación pública entre los que se incluye la modificación del régimen de dedicación del profesorado universitario. Creo que es un asunto que merece algunas consideraciones (y opiniones).
En la situación de partida, en la legislación vigente hasta que entre en funcionamiento esa modificación, se considera que los profesores universitarios tienen dos misiones: docencia e investigación. Se reparte el tiempo de la jornada laboral por la mitad y se regula, además, que en la parte docente, por cada hora de clase es razonable gastar, de media, otra de preparación. Así, la regulación establece que la dedicación máxima a impartición de clases debe ser de 8 horas a la semana (o si lo computamos (1) en créditos anuales, 24).
La doble dedicación a la docencia y la investigación está en la esencia misma de la universidad moderna. La misión central de la institución universitaria, y por ende de sus claustros, consiste en crear y transmitir conocimiento. Se entiende que no tiene sentido crear conocimiento para no transmitirlo, ni enseñar cosas aprendidas en los libros sin un valor añadido extra.
El 50% del tiempo que, como mínimo, la ley reserva a la investigación nunca se ha regulado. Es lógico dada la complejidad de la actividad investigadora. La investigación tiene un componente creativo muy difícil de regular, a nadie se le ocurriría decirle a un profesor de Bellas Artes que sus cuadros tiene que pintarlos en horario de 8 a 15 y en su despacho de la facultad. Especialmente si consideramos la inmensa diversidad de áreas (desde la oceanografía a la neurciencia, desde la historia medieval hasta el derecho comparado), el lugar y el tiempo de la investigación no se pueden prefijar. Por esta razón, el control laboral que todo patrón ejerce sobre sus empleados, en esta actividad, se ha basado siempre en los resultados en vez de en los medios: no se controlan tiempos de presencia sino cantidad y calidad de los resultados de esa dedicación (2).
Hace 18 años, en 1994 se implantó en España uno de los mejores (y más baratos) inventos para incrementar la cantidad y calidad de la investigación pública: los "sexenios de investigación" (3). Se trata de una evaluación voluntaria a la que se puede presentar cada profesor (de universidad y de
OPIS) y que, en caso de ser aprobada le supone un complemento salarial que le permite una buena cena al mes (120 €/mes). Esta evaluación en su implantación original dejaba claro que no tendría ninguna otra utilidad salvo la fundacional: reconocer la investigación de calidad con una pequeña gratificación. De hecho en las primeras convocatorias la información se enviaba al domicilio particular, para que los compañeros no vieran en los casilleros quien andaba "en tratos" con la CENAI sobre sexenios. La heterogeneidad del éxito en la aplicación de los sexenios fue tan grande como lo es la variedad de áreas de conocimiento. El sexenio lo inventó un físico (
Pedro Pascual de Sans) y está especialmente adaptado a esa disciplina y equivalentes, aquellas en las que la investigación es universal, fundamentalmente básica y hecha en la propia universidad, la que encuentra en las "
revistas internacionales indexadas" su vía natural de expresión. Para las disciplinas de ámbito más local y las más centradas en el desarrollo que en la investigación básica (4) la incorporación al sexenio ha sido más traumática y lenta.
Hace tiempo que las comunicaciones sobre sexenios ya se reciben en los departamentos, e incluso han comenzado a ser requisito para otras actividades: dirigir un grupo de investigación, dirigir una tesis doctoral, formar parte de comisiones de doctorado o investigación, etc. También las comisiones que conceden los sexenios han ido aclarando (y flexibilizando) criterios, lo que ha aumentado mucho la ratio de concesiones (de un 60% al comienzo a un 80% en 2008). Esta evolución va haciendo que los sexenios se aproximen a una medida del cumplimiento de la actividad investigadora, pero no dejará de ser una aproximación estadística, porque ni fueron diseñados con este fin ni se juzgan así. Sigue siendo legítimo no presentarse a las evaluaciones. Sigue siendo universitario dedicarse a investigación menos publicable (y sexeniable, valga el palabro) de colaboración con empresas e instituciones locales.
Lo que propone ahora el gobierno es alterar las reglas del juego de forma que quien no obtenga el sexenio que le toque vea incrementada su exigencia docente en un 50%. Y me parece mal por las siguientes razones:
1.- Moral. Aunque los sexenios sean una buena medida de la actividad investigadora para una proporción alta de los profesores, pongamos el 90% (me lo invento), no lo es para todos, y no fue diseñada para eso. Es un caso análogo al que ocurre estos días en algunos estados de EEUU, dónde se plantean exigir el carné de conducir para votar. Es cierto que en este país el 90% (aunque fueran el 99,9%) de los adultos necesita conducir y tiene carné, pero me parecería inmoral dejar sin votar a alguien porque se decidiera acreditar a las personas con un documento no diseñado para ese fin.
2.- Práctica para las personas. Los profesores que por la razón que sea se encuentren "sin sexenio" a la aplicación de la norma, se verán definitivamente expulsados de la actividad investigadora si se aplicara la norma tal cual. Con 32 créditos y una situación de partida poco favorable (como demuestra no haber conseguido el sexenio anterior) es inviable hacer investigación.
3.- Práctica para el sistema. Ante esta norma algunos profesores verán limitada su carrera investigadora y otros la reorientarán para asegurar el sexenio (limitando otras actividades menos "sexeniables"). Todo esto disminuirá la actividad investigadora en su conjunto y, especialmente, en la dirección de generación de patentes. Esto último resulta especialmente contradictorio con el deseo tan repetido por las autoridades de que la actividad universitaria se vuelque en esta línea.
Pareciera que la norma que se propone intenta corregir el intolerable desmán recogido con crudeza en el titular del ABC: "
Más de la mitad de los profesores universitarios no investiga pese a cobrar por ello". Creo, sin embargo, que ese titular no responde en absoluto a la realidad. Se basa en la simplificación de identificar investigación con consecución de sexenios, y en que esa identificación existe desde siempre, de hecho la mayoría de los profesores ya estaban en activo cuando se inventó el sexenio. El 66% de la investigación que se hace en España se hace en las universidades (5) (por esos hipotéticos vagos), y se ha casi duplicado (80% de crecimiento) en el tiempo de existencia de los sexenios. España contribuye con el 3,4% de la producción científica mundial, el 9º puesto. La productividad de la ciencia básica en España (la que se mide en publicaciones SCI, como los sexenios) es de las más altas del mundo. Por euro invertido, o por investigador contratado, España produce como el que más, eso sí, hay menos investigadores por cada 1000 habitantes y (muchos) menos euros invertidos que en los países que copan los puestos altos de los rankings de universidades.
Mirado con perspectiva, creo que el profesorado universitario ha hecho una gran labor en los últimos 20 años incorporándose a la primera división mundial en investigación (aunque aún en la segunda mitad de la hipotética tabla) y acomodando en las aulas a la generación del baby-boom sin excesivos traumas. Es muy injusto valorar a todo el colectivo por los incumplidores, que los hay como en todo colectivo. El funcionario típico no es el del cafetito, ni el profesor típico es el del titular del ABC (el que no investiga pese a cobrar por ello) ni muchísimo menos. No hay que confundir medidas de reordenación de un sistema con medidas de persecución del fraude. Si queremos detectar a los profesores que defraudan la confianza que se ha depositado en ellos busquemos un sistema (6), pero este no es. Me temo que la figura "del fraudulento" se airea sólo para justificar unas medidas de ahorro económico que, sin duda ninguna van a ir en detrimento de la calidad del servicio, tanto de la enseñanza como de la investigación. Pero en fin, parece que la sociedad Española ha tenido unos profesores universitarios por encima de sus posibilidades y toca ajustarlos.
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Notas.
(1) Se entiende que un crédito corresponde a 10 horas lectivas, y el curso completo consta de dos semestres de 15 semanas cada uno (30 el año completo). Así, una hora a la semana durante todo el año son 30 horas en total, es decir 3 créditos. Y de igual forma, 8 horas a la semana todas las semanas lectivas corresponden a 24 créditos
(2) Hay una tendencia reciente a imponer un sistema de ficha al profesorado de forma que el control se centre en las horas de presencia en el puesto de trabajo. Esta idea se basa en un supuesto agravio comparativo con otras personas que trabajan en las universidades, el Personal de Administración y Servicios (PAS). A pesar de alguna sentencia al respecto, esa propuesta está muy lejos de haberse impuesto, de hecho no se de ninguna universidad que haya impuesto la ficha al profesorado (más allá de firmar la asistencia al aula en horario de clase).
(3) Sobre sexenios de investigación: un resumen esquemático en Universia AQUI, un párrafo explicativo en La Mula Francis AQUI, que hace hincapié en la efectividad de los sexenios más por envidias internas que por su valor económico, algo que yo comparto plenamente; y una breve presentación con historia y datos, por Alfedo Poves (coordinador general de la CENAI en 2008) AQUI
(4) Los electrones se comportan igual en un país que en otro, por eso los resultados sobre ellos son universales, mientras que la etnografía, la edafología la historia local, etc. son disciplinas de un entorno geográfico, y pueden tener calidad e interés en su entorno pero no alcance universal. Por otro lado, una patente obliga a no haber publicado antes, así que quienes buscan resultados de interés industrial más inmediato no encuentran en la publicación una vía habitual de plasmación de sus resultados
(5) Los datos de este párrafo están tomados de ESTA contestación de los rectores a las declaraciones del ministro y de ESTE artículos de José Antonio Pérez García y Juan Henández Armenteros en El País
(6) En un cuerpo tan "anticorporativo" como es el de profesores de universidad (salvo quizás los de derecho), siempre estamos dispuestos a buscar los detalles que demuestran que yo (pongase aquí cualquiera) soy mejor que mis compañeros, tanto que a algunos hay que castigarlos...
