Dos veces en tres días nos escandaliza El País con una nueva propuesta universitaria: El domingo titulando "Todo gratis por aprobar a tiempo" y hoy martes con "La Universidad gratis es posible: pagan los vagos".
Dado que llevamos una larga temporada con cambios sustanciales en el entorno universitario, lo primero que surge es: No, ¡basta ya de cambios!; esperemos a consolidar algo (los grados, posgrados, doctorados de calidad...) antes de abordar otra cosa.
Pero claro, planteado en unos términos tan claros (vale aquí decir maniqueos) ¿quien puede negarse? Parece que llevamos años en los que los buenos estudiantes financian a los "vagos", démosle la vuelta a la cosa: intachable.
Y ya maliciosamnete, encontramos una fórmula de replanteamiento de la financiación universitaria que mola: no cuesta más a los poderes públicos, no cuesta más a los ciudadanos; se carga sobre los usuarios abusadores.
Opinión personal resumida:
Lo primero y principal es la imposibilidad real de llevar a la práctica una medida de este tipo en los próximos 5 años. Estamos inmersos en el cambio de todas las titulaciones, de todos los posgrados, estamos reviviendo los doctorados que fueron extinguidos hace unos meses, estamos comprometidos con un cambio profundo de las metodologías docentes, haciéndo mucho más énfasis en el acompañamiento del aprendizaje en vez de en la enseñanza. En este panorama no podemos estudiar con seriedad una propuesta de este tipo. ¿que es un éxito académico razonable? ¿Qué presiones sufrirá el profesorado por los estudiantes que estén en la frontera? ¿Cómo se articularán mecanismos justos de evaluación de las trayectorias académicas? ¿Qué inspección vigilará que no se acojan a la excepcionalidad laboral los hijos de empresarios o profesionales liberales? etc etc. Todo este afine requiere tiempo de reflexión exclusiva y seria.
Lo segundo es la inoportunidad de plantear algo que no es posible en un plazo corto. Si no se puede aplicar, no es razonable empezar con la campaña pública de exposición de motivos.
Lo tercero y último es la sospecha de mala fé. Si hay tiempo para pensar en esto ¿porqué no resolver el limbo legal de los doctorados? ¿o la calculada ambiguedad de los decretos sobre las ingenierías? ¿porqué no crear un registro interuniversitario (por no decir "nacional") de solicitudes de convalidación de títulos extranjeros para poder cumplir la legalidad. Hay mucha regulación legal penosa como para dedicar tiempo con honestidad a este nuevo reto. Más parece que hay que hacer gestos imaginativos y gratuitos sobre la reforma de la universidad que abordar los problemas realmente abiertos. Cuando además la campaña es mediática e intensa, el asunto tiene más tufo político (en el sentido malo de la palabra: partidista, generador de opinión pública) que Político (en el sentido de cuidado sin descanso de la cosa pública).
Dado que llevamos una larga temporada con cambios sustanciales en el entorno universitario, lo primero que surge es: No, ¡basta ya de cambios!; esperemos a consolidar algo (los grados, posgrados, doctorados de calidad...) antes de abordar otra cosa.
Pero claro, planteado en unos términos tan claros (vale aquí decir maniqueos) ¿quien puede negarse? Parece que llevamos años en los que los buenos estudiantes financian a los "vagos", démosle la vuelta a la cosa: intachable.
Y ya maliciosamnete, encontramos una fórmula de replanteamiento de la financiación universitaria que mola: no cuesta más a los poderes públicos, no cuesta más a los ciudadanos; se carga sobre los usuarios abusadores.
Opinión personal resumida:
Lo primero y principal es la imposibilidad real de llevar a la práctica una medida de este tipo en los próximos 5 años. Estamos inmersos en el cambio de todas las titulaciones, de todos los posgrados, estamos reviviendo los doctorados que fueron extinguidos hace unos meses, estamos comprometidos con un cambio profundo de las metodologías docentes, haciéndo mucho más énfasis en el acompañamiento del aprendizaje en vez de en la enseñanza. En este panorama no podemos estudiar con seriedad una propuesta de este tipo. ¿que es un éxito académico razonable? ¿Qué presiones sufrirá el profesorado por los estudiantes que estén en la frontera? ¿Cómo se articularán mecanismos justos de evaluación de las trayectorias académicas? ¿Qué inspección vigilará que no se acojan a la excepcionalidad laboral los hijos de empresarios o profesionales liberales? etc etc. Todo este afine requiere tiempo de reflexión exclusiva y seria.
Lo segundo es la inoportunidad de plantear algo que no es posible en un plazo corto. Si no se puede aplicar, no es razonable empezar con la campaña pública de exposición de motivos.
Lo tercero y último es la sospecha de mala fé. Si hay tiempo para pensar en esto ¿porqué no resolver el limbo legal de los doctorados? ¿o la calculada ambiguedad de los decretos sobre las ingenierías? ¿porqué no crear un registro interuniversitario (por no decir "nacional") de solicitudes de convalidación de títulos extranjeros para poder cumplir la legalidad. Hay mucha regulación legal penosa como para dedicar tiempo con honestidad a este nuevo reto. Más parece que hay que hacer gestos imaginativos y gratuitos sobre la reforma de la universidad que abordar los problemas realmente abiertos. Cuando además la campaña es mediática e intensa, el asunto tiene más tufo político (en el sentido malo de la palabra: partidista, generador de opinión pública) que Político (en el sentido de cuidado sin descanso de la cosa pública).
A ver sis e pincha el globo sonda y podemos intentar trabajar en lo que ya está abierto...
1 comentario:
Querido Joaquín,
No puedo estar más de acuerdo con tus reflexiones sobre este tema.
A las preguntas que tú te haces, yo añadiría una más: ¿sólo pueden ser vagos los ricos?
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