Parece ser que ha recogido su acta de diputado un señor que cobra comisiones por hacer de intermediario entre empresarios. Nada problemático si no pensamos que la posición que le permite realizar esa intermediación es la de ser persona próxima al poder, diputado y miembro del gobierno anteriormente. Utiliza la información de la que dispone en razón de su actividad como servidor público para hacer negocio personal con ella. ¡Y a mucha honra! Es nuestro granito de arena para que las empresas sacaran a nuestro país de la crisis.
Y no es raro, también Esperanza Aguirre (lo vimos aquí) y los ínclitos Trillo y Pujalte (también lo comentamos) se ha comprobado que realizan prácticas equivalentes. Nada ilegal en ningún caso, pero de una indignidad que, a mi al menos, me resulta verdaderamente insoportable. Porque yo puedo empatizar con un "corrupto clásico", alguien que manejando dinero ajeno se le escapa la mano y se lleva un poco (o mucho). Pero los gobernantes que se sienten superiores a los gobernados me producen una repugnancia absoluta. Desde nuestros cargos públicos es totalmente normal que compartamos la información privilegiada con quien nos dé la gana (a cambio de dinero o no). Ese tipo de actuaciones y más aún la normalidad con que lo perciben los implicados y (salvo en período electoral) sus correligionarios muestra una patrimonialización de lo público total. Inaguantable. Mucho más significativo que "la corrupción". Toda una concepción de lo público en la que no cabe la palabra servicio.
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