viernes, 8 de enero de 2016

La Universidad y la Administración del Estado.

Entra en vigor normativa legal (Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público) que entre otras cosas supone que las universidades públicas ya no serán necesariamente administraciones públicas. Este asunto tiene una vertiente técnica jurídica compleja: se puede argumentar que en algunos sentidos nunca lo fue del todo (ver), y en los próximos meses se van a celebrar reuniones para analizar en profundidad los cambios que se inaguran (ver). Pero además de eso tiene una vertiente de política universitaria más relevante para todos.

La universidad preconstitucional era una Administración del Estado plenamente, los Rectores los nombraba el Ministro, tenían interventores de hacienda que eran los que autorizaban los gastos y se regían por la misma normativa que cualquier otra dependencia administrativa. El reconocimiento de que la labor intelectual requería independencia llevó a los principios constitucionales de Autonomía Universitaria y Libertad de Cátedra. A la hora de poner en práctica estos principios, a través de una ley orgánica, se independiza a las universidades de la administración, los Rectores pasan a ser elegidos y los interventores de hacienda son sustituidos por una estructura propia de gestión económica, apareciendo los Gerentes. Pero siendo autónoma, seguía siendo una administración, con trabajadores funcionarios, con un registro general homologado con el de otras administraciones (el sello de la universidad me sirvió como sello oficial de mi solicitud de beca), y muchos detalles más.

Desde el comienzo de aquella Autonomía Universitaria hasta hoy, sucesivas reformas han ido alejando a la Universidad de la Administración. Los registros dejaron de ser oficiales (la solicitud de acreditación tuve que sellarla en la Delegación del Gobierno). Los títulos dejaron de ser oficiales (ahora son "acreditados", si acaso). Los profesores dejaron de ser funcionarios, desde que se creó la figura de "contratado doctor" apenas se han dotado plazas de los cuerpos docentes (especialmente en algunas Comunidades Autónomas). Solo queda la dependencia económica dado que más del 75% del presupuesto de las universidades públicas procede de transferencias de las respectivas Comunidades Autónomas (salvo la UNED y le Menéndez Pelayo que son estatales).

Ese camino de desestatalización alcanza un nuevo hito con la entrada en vigor de la normativa que reconoce formalmente que no hace falta ser administración del estado. Eso si, seguimos prestando un "servicio público", pero ya no como parte del estado (como concesión, quizá). Hace muchos años escribía que su carácter de administración era una de las tres almas de la universidad (ver), en ese tiempo se ha perdido un montón, aunque aún perdura en los usos y costumbres del día a día. Vamos camino de universidades cada vez más ligeras y desreguladas, cada vez menos diferentes de las privadas (incluso en la financiación cada vez nos pareceremos más, y si no al tiempo). De alguna forma me entristece ese camino, aunque sin argumentos muy sólidos, seguramente es pura nostalgia, cosas de la edad.

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Actualización (9 ene 2016), con mucho más detalle técnico, y un análisis de posibles causas y consecuencias del hecho comentado, está el artículo de J.R. Chaves, que escribió unas semanas antes. Lo recomiendo mucho para entender mejor este lío.
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