Esa corrupción legal tan ignominiosa

Sin duda es legal, una empresa puede pagar cualquier cantidad de dinero por cualquier trabajo. Pero también sin duda, es mentira. Los artículos esos de periódico no valen esos miles, ni el presunto trabajo de "cazatalentos" vale 50 millones de pesetas. Hace unos días eran dos diputados los que se descubrió que cobraban casi un millón de pesetas al mes por "asesorar" a una empresa (Trillo y Pujalte, ya comentamos un poco). Para mi estas son las muestras más evidentes e indecentes de la podredumbre en política.

El desvío del contrato público a cambio de una mordida es un auténtico clásico, es obviamente ilegal y hay todo un sistema administrativo y judicial para evitarlo. El sistema está preparado para ella y, si no se evita completamente, si se controla. En principio es el político el tramposo, y la empresa concesionaria se ha de plegar a su inmoralidad. Una parte del dinero público se fuga hacia el corrupto y, casi siempre, al propio partido.

Pero cuando el político está comprado por la empresa (una o varias) la cosa es mucho peor, ya no se trata de que se desvíe algo de dinero sino la propia acción de gobierno. Esa compra genérica no se restringe a la adjudicación de un concurso concreto, sino que afectará a lo que al corrompedor le venga bien: cuestiones de medio ambiente, de consumo, de fiscalidad o de comercio internacional... Además los afectados pretenden hacer ver que es normal: "Esto lo he ganado con mi trabajo, y al que le pique que se resque". La asesoría era compatible con la actividad de diputado porque se había solicitado la correpondiente compatibilidad.

También hay quien piensa que esto es "lobismo" encubierto, y que lo que hay que hacer es sacarlo del armario, aflorarlo y regularlo de forma análoga a lo que ocurre en EEUU. Cañete así lo pidió explícitamente cuando lo de Trillo y Pujalte, al menos reclama normalidad para lo que practica personalmente (ver 1, 2). Quizá la proliferación de tanto lobismo más o menos encubierto explique el desastre de multitud de sectores en el que viviemos sumidos desde hace décadas (energía, comunicaciones, carreteras, etc.).

Pues será legal, y pretendidamente normal, pero a mi me parece intolerable. La acción de gobierno debería estár dirigida por la ideología del partido en el poder, explicitada en el programa electoral que, a fin de cuentas, es el elemento casi contractual con los votantes. Y los votantes son los autenticos titulares de la soberanía... ¿a que suena infantilmente inocente? Pues no debería.