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martes, 25 de noviembre de 2008

El que la lía no lo puede arreglar


Estoy con un problema de reconocimiento académico de un Erasmus y se hace la luz. ¿Cuál es el problema de fondo? En los planes de estudios actuales de ingenierías superiores el proyecto final de carrera está cuantificado entre 10 y 15 créditos (lo que equivaldría a una asignatura de entre 100 y 150 horas de clase). Sin embargo supone un trabajo a dedicación completa de al menos 6 meses, y más bien 9. Vamos, que lo que se pone en el papel (oficial) y lo que se exige no concuerda en absoluto.

Eso se hizo así para que los estudiantes estuvieran en la universidad más tiempo del que hubieran querido, no solo individualmente, sino socialmente, establecido a través de decisiones políticas (las directrices generales propias de las titulaciones).

Difícilmente las mismas personas que colaron esa morcilla en los planes anteriores van a hacer los nuevos, adaptados al EEES, con mejores criterios. Es más, visto que esas trampas cuelan, ahora vamos al absurdo supino de grados de cuatro años y masteres de uno que, mágicamente, darán las competencias de varios de los grados.

Tengo la misma sensación que cuando se convoca a los banqueros (y economistas en general) a que nos saquen de la crisis que ellos han cultivado y producido.

Me parece más que patente el consenso entre los actores no es la mejor forma de gestionar este tipo de asuntos. En mi opinión hacen falta criterios de racionalidad impuestos desde poderes públicos, obviamente democráticos, pero fuertes.

La foto de aquí

2 comentarios:

  1. Estoy básicamente de acuerdo con el comentario. Los PFC de 10 créditos y meses de realización son una tomadura de pelo y una clara demostración de que muchos de los intervinientes en los procesos educativos han contribuido a deteriorar gravemente el sistema. La lista de culpables es amplia, desde los que diseñaron los planes de estudio con cartas marcadas, hasta los propios estudiantes que históricamente se han dejado enmarañar en este hecho, sin ofrecer un mínimo de resistencia (para otros asuntos ya han sabido movilizarse), con muchos actores intermedios.
    En cualquier caso, me resulta más oscura la última frase: "poderes públicos que aporten criterios de racionalidad"? Habría que acotar un poco.
    No veo en esta función ni a quienes, por motivos obviamente electorales, pero poco académicos o racionales, decidieron la extensión a Tudela, ni tampoco a nuestros Ministerios, hace años ya desaparecidos de la responsabilidad del Estado.
    La racionalidad parece un bien escaso en estos días.

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  2. Cierto que los "poderes públicos" en estos últimos tiempos o no son poderes, o no son públicos (véase Esperanza Aguirre por ejemplo). Y eso es lo que echo de menos: comités de expertos serios, planes integrales diseñados con coherencia interna, con toda la transitoriedad prevista, con una técnica legislativa sólida...
    Quizá ya no vuelvan esos poderes públicos (rectores, consejeros, secretarios de estado, ministros...), pero yo no me resigno (al menos aún)

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